Esta semana toca ración doble de entradas porque el panorama actual de la TISP lo requiere, así que hoy dejo un poco de lado la piscina para retomar la polémica que ha habido entre el Grupo MIRAS y Seprotec, de la cual hablé justo en la entrada anterior, y para medir/comentar las consecuencias que de ella se están derivando.
Si has leído este blog al menos un par de veces, imagino que podrás tener una idea bastante aproximada de mi opinión al respecto ya que en prácticamente todas las entradas he escrito la palabra profesionalización bien en negrita (he omitido las exclamaciones porque me parecen agresivas pero os aseguro que en mi cabeza están también). Esta profesionalización de la TISP es vital y no lo digo porque tenga el capricho de presumir algún día de mi "profesión", sino porque hay mil argumentos que justifican los beneficios que esta tendría en los usuarios y los proveedores de los servicios, los profesionales que hacen posible la comunicación entre ambos, en los costes de los organismos públicos, y consecuentemente, en nuestro propio país (por muy fuerte que suene).
Por todo de ello, no puedo evitar criticar todo lo que, aunque sea desde mi punto de vista, vaya en detrimento de esta preciadísima profesionalización. Así pues, reitero mi opinión negativa sobre la privatización/externalización de los servicios de TeI. Hoy no voy a volver a tratar el tema que hace un tiempo que lo hice en mayor detalle, por lo que simplemente me centraré en lo que está pasando estos últimos días dentro de este campo de estudios con referencia al mismo.
Si leísteis la entrada anterior y de paso el comunicado del Grupo MIRAS sobre Seprotec, sabréis que esta empresa "se apoyó" en dicho grupo de investigación para argumentar su trabajo. De esta forma, el Grupo MIRAS desmintió tal afirmación y puso de manifiesto su compromiso de luchar en pos de la profesionalización de la TISP y de los intereses de los profesionales que la ejercen. En mi opinión, un compromiso tan justo que es digno de alabar, al igual que su trabajo realizado hasta ahora.
De este, precisamente, se han querido hacer eco desde la Red Comunica, que se ha expresado de distintas formas ante tal situación. Así pues, han propuesto una movilización contra la externalización de los servicios de TeI en juzgados y policía que yo, personalmente apoyo y en la cual os animo a participar.
Para que entendáis mejor de lo que estoy hablando, copio y pego a continuación las informaciones que aparecen en el Blog de Comunica y aprovechando la ocasión, os aconsejo visitar :
Los días 2, 3 y 4 de julio se celebraron en Castellón las VIII Jornadas de Traducción Jurídica, organizadas por el Departamento de Traducción y Comunicación de la UJI, bajo la dirección de nuestra compañera de la Red Comunica, Anabel Borja Albi.
En esta ocasión, las Jornadas giraron principalmente en torno a la TeI en el ámbito judicial y grandes profesionales y expertos académicos ofrecieron conferencias, talleres, seminarios, etc. El último día visitamos la Ciudad de la Justicia de Valencia y nos acercamos a los entresijos del edificio y de todos los procedimientos que allí se desarrollan. Y, después, una paella en la playa de la Malvarrosa.
El segundo día de las jornadas hubo una mesa redonda titulada “El papel de las asociaciones, los profesionales de la justicia y la universidad en la mejora de la situación socioprofesional de los TI judiciales” y en ella participaron: María Jesús Blasco, que habló sobre los estudios de traducción e interpretación; Maribel del Pozo, que trató el tema de la formación y la investigación en el ámbito universitario; Juan Miguel Ortega, que habló sobre el papel de las asociaciones profesionales; Emma González, que participó en representación de la empresa Seprotec y, por último, Claudia Angelelli que nos dio la perspectiva de los EEUU.
Entre el público se encontraban, entre otros, académicos y expertos de la talla de Teresa Grau, Fernando Gascón, Nuria Hernández, Anabel Borja, Brian Harris y muchos alumnos, profesionales, etc.
Emma González, la representante de Seprotec, habló de que su empresa, consciente de la importancia de la labor del intérprete y ante las lagunas detectadas en la formación de los mismos, había diseñado un plan de formación del que ella misma era responsable. También afirmó que su empresa cuenta con unos 1200 intérpretes en plantilla y que la remuneración que reciben por 8 horas de trabajo es de 1900 euros brutos al mes.
El debate posterior se centró básicamente en el tema de la formación que Seprotec ofrece a los traductores e intérpretes que contrata y en la remuneración que les ofrece.
Cuando le preguntamos en qué consistía ese plan de formación que había mencionado nos dijo que no tenía los detalles concretos pero que en Cataluña colaboran con el grupo MIRAS (Este grupo de investigación se ha visto obligado a desmentir dicha afirmación en un comunicado oficial). También nombró a otros profesionales que imparten unas horas de formación. Aseguró que su plan de formación puede consultarse en la página web de la empresa y cuando la abrimos delante de ella dijo que la información no estaba actualizada. Todos los presentes, alumnos incluidos, le explicamos que eso no es formación suficiente para desarrollar la labor de intérprete judicial.
Sobre el tema de la remuneración dijo que no tenía datos pero que los rumores que corren son falsos y que en realidad sus intérpretes reciben un sueldo de 1900€ brutos al mes por 8 horas de trabajo.
Varios de los presentes en la sala desmintieron todas estas afirmaciones, pero la representante de Seprotec, a la defensiva, se limitó a mantener la veracidad de las mismas y a dudar de las aportadas por los demás presentes. Ella repetía que cualquier persona puede pedirles información y ellos gustosamente la pueden aportar, e invitó a visitar su página web.
Todos conocemos las consecuencias que está acarreando, tanto para los profesionales como para los justiciables, la externalización de los servicios de traducción e interpretación a empresas privadas.
Por ello, la Red Comunica, junto con un grupo de las personas que asistimos a las jornadas de Castellón, queremos movilizarnos para conseguir que la administración tome medidas y cambie las leyes procesales que permiten que se contrate a personas sin formación, cobrando sueldos miserables para hacer un trabajo que deberían llevar a cabo las personas debidamente cualificadas para ello.
Espero que este pequeño altercado tan de actualidad sirva, por lo menos, para cambiar una situación que atenta directamente contra este colectivo, cada vez más hablador, y contra esta especialidad, cada vez más visible.
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